LA CIERVAL, LOS AYUNTAMIENTOS Y EL URBANISNMO VALENCIANO
A PAGARLO, POCARROPA: EL COMUNICADO DE LA CIERVAL.
Lo bueno de vivir la pequeña historia política cotidiana en primera persona es que, con el tiempo, te permite establecer una cierta distancia con los acontecimientos que se producen en diferentes contextos cronológicos y sociales que propicia un juicio más objetivo. Tuve la inmensa satisfacción de ser alcalde, vicepresidente de la diputación de Valencia e incorporarme, como Secretario General, al equipo de la COPUT que sustituyó al destituido Rafael Blasco en 1989. La vida me ha permitido ver nacer los ayuntamientos democráticos, colaborar desde el principio en la construcción de nuestras instituciones autonómicas y saber valorar, con respeto, las situaciones reales de las personas concretas y los intereses políticos y sociales nobles o inconfesables.
Diciendo esto, solo quiero fijar el punto desde el que poder analizar, sin apasionamiento y con claridad, el comunicado de la Cierval en el que se acusa a los ayuntamientos de haber aplicado mal la LRAU, impedir el control de la Consellería de Territorio y originar el genocidio urbanístico producido en la Comunidad Valenciana con la aquiescencia del PP. Uno, desde su humilde experiencia, atribuía mas rigor y a los métodos de análisis de la confederación patronal y un poco más de trellat a sus dirigentes, porque seguramente la mayoría de sus asociados ni han participado ni conocen este texto mercenario, execrable por su mendacidad y su cobardía al poner en el centro del debate sobre la perversión urbanística a las instituciones municipales, para inculparlas; mas de quinientas cincuenta instituciones valencianas puestas en la picota de manera indiscriminada e irresponsable.
Cuando la organización patronal es capaz de poner en negro sobre blanco que “los ayuntamientos han creado disfunciones que han generado problemas” en cuanto al desarrollo urbanístico en el territorio valenciano, sabe que miente a conciencia, porque la Generalitat Valenciana tiene transferidas las competencias en estas materias de manera y que desde los consistorios solo pueden salir propuestas, públicas o promovidas por particulares, cuya aprobación compete a las Comisiones Territoriales de Urbanismo que actúan bajo la autoridad del Conseller de Territorio, que también tiene atribuida la potestad sancionadora.
La perversión real se trama y produce en la propia Consellería que ha de garantizar el cumplimiento de la norma porque, mientras se ralentiza la aprobación de los PGOU municipales, se agilizan de manera vertiginosa los PAI fuera de ordenación, presentados por las empresas privadas que convierten las huertas, las costas y los montes en unidades urbanísticas altamente especulativas.
Cabe preguntarse si alguien ha cuantificado el beneficio real que obtienen los ayuntamientos con este movimiento de acordeón cuando lo que sucede realmente es que, a corto plazo, los entes locales tienen que incrementar sus capítulos de gastos en materia de personal, consumo de alumbrado público, seguridad en el tráfico y mantenimiento de las vías públicas, mientras que los beneficiarios reales son los agraciados como agentes urbanizadores que generan de materia inmediata plusvalías millonarias al producir suelo urbano con la documentación urbanística aprobada por la Conselleria de Territorio. Las obras de urbanización las pagan directamente los propietarios del suelo al urbanizador en euros o en suelo. Así se crean los solares con los que seguir especulando. Este es el circo real de este país en el que tienen nombre y apellidos el domador de fieras, el funanbulista, el payaso listo, el cómico tonto o los acomodadores que cobran la propina.
Los empresarios de la Cierval saben muy bien que la Ley de Bases de Régimen Local, aprobada en 1985 establecía como competencia de los ayuntamientos la “ordenación, gestión, ejecución y disciplina urbanística; promoción y gestión de viviendas; parques y jardines, pavimentación de vías urbanas y conservación de caminos y vías rurales”. Con posterioridad, en 1994 el Gobierno Valenciano con las competencias transferidas, aprobó la LRAU que se aplicó a partir del primer año del Consell presidido por Eduardo Zaplana en 1995. Es sumamente revelador releer el diario de Sesiones de las Cortes Valencianas para poder entender el giro del PP desde su oposición frontal a su perversa utilización de la misma.
Con la Ley 7/1997 de medidas liberalizadoras en materia de suelo promulgada por el Gobierno de José María Aznar, los ayuntamientos perdieron cinco puntos porcentuales en las cuotas obligatorias de cesión de suelo urbanizable y, posteriormente, en 1998 el gobierno valenciano surgido del pacto del pollo aprobó el Decreto 201/1988 que otorga en exclusiva al Gobierno Valenciano el desarrollo de la LRAU, de manera que sea el ejecutivo valenciano el que determine “los requisitos mínimos, de calidad, sustanciales y formales, a satisfacer por los planes” estableciendo a tal efecto las potestades administrativas del Conseller del ramo para la planificación, gestión, desarrollo y aplicación de todo aquello que afecte al urbanismo en el ámbito de nuestra comunidad autónoma.
No se sostiene por tanto la posición de la Cierval que culpabiliza a los ayuntamiento del fiasco urbanístico valenciano y de sus consecuencias cuando, en realidad, en estos últimos años los entes locales han perdido sus competencias en esta materia, su patrimonio público de suelo se ha visto mermado sustancialmente por las disposiciones en materia de cesiones y valoración del suelo dictadas por los Gobiernos centrales del PP y su capacidad recaudatoria se ha visto reducida al simple impuesto de construcciones cuyo rendimiento es equivalente a los gastos de los servicios que se prestan. El tema se agrava cuando el impuesto de transmisiones se establece sobre el valor escriturado y todos sabemos que el dinero negro genera plusvalías opacas. Magro negocio el de los ayuntamientos, que no ingresan en las arcas públicas ni un euro antes de cinco años desde que se presentó un PAI en el registro municipal de entrada.
Sería de provecho para los directivos de la patronal de patronales, echar un vistazo a la crónica de las primeras jornadas de Directores Generales de Urbanismo de las comunidades autónomas celebrado el año pasado en el Monasterio de San Millán, espacio propicio para la reflexión y el recogimiento. En sus conclusiones, el representante valenciano, reconoce explícitamente que la aplicación de la LRAU durante el mandato del PP había servido para tener suficiente suelo urbanizado para muchos años pero que era necesario corregir efectos no deseados, entre los que señaló “la nula incidencia en el descenso del precio del suelo y su repercusión en el de la vivienda”. Si añadimos el ritmo frenético de la inmensa cantidad de PAI que se han presentado por empresas privadas antes de que se aprobara la nueva LUV y analizamos el porqué, obtendremos la respuesta clara de quien gana en esta partida, y la Cierval sabe que no son precisamente los ayuntamientos.
Como municipalista, me duele especialmente la actitud del presidente Camps, cuando hace suyas las tropelías de Eduardo Zaplana, consiente los compadreos de Blasco en el desmantelamiento del sector público valenciano o el indecente asalto al patrimonio de todos los ciudadanos de esta Comunidad con la creación de las empresas mixtas del IVVSA. Que Camps es cautivo de muy poderosos intereses es algo que nadie pone en duda, pero la muestra de su política cursi y victimista es proclamar que la Comunidad Valenciana ha sido mancillada y como aguerrido caballero va a vengar su honor librando su particular batalla dialéctica con la pérfida Europa que, además nos quiere robar el turismo. En estos días, los encargados de exhumar los viejos tópicos franquistas hacen jornada intensiva.
Mas le valdría defender a los ayuntamientos que son instituciones del Estado, han sido el germen y son los pilares más sólidos para construir la Comunidad Autónoma que ahora gobierna. Preservar los intereses de las entidades locales y su papel al servicio de los ciudadanos es su obligación si quiere figurar en la memoria histórica con dignidad. Cumplir sus compromisos adquiridos en el Pacto Local es tan urgente como dejar de mentir. Es lamentable que frente a los ataques injustos contra los ayuntamientos no se oiga ni una sola voz del Gobierno Valenciano. Su complicidad con los acusicas queda así de manifiesto.No niego la legitimidad de la Cierval para emitir sus opiniones, lo que lamento es la pasividad y la obediencia franciscana del Molt Honorable a sus dictados. Va siendo hora de que los munícipes y sus asociaciones se pongan en su sitio, reivindiquen de los poderes públicos su papel institucional de proximidad, hagan valer su trabajo de servicio público y su fuerza democrática y, llegado el caso, denuncien de una vez por todas las ofertas impúdicas que acostumbran a proponer algunos artistas de este circo en el que, en unos meses, a Camps le van a crecer los enanos por doquier. La función solo ha hecho que empezar y los ayuntamientos han quitar la red de bajo del trapecio.
Vicent Vercher Garrigos
Director de Programas del Grupo Socialista en la FVMP.